Lilian Dueñez La fe de hechos consiste en una diligencia realizada por un Notario quien, con la fe pública que ejerce, deja constancia cierta de algún hecho que esté ocurriendo ante él, en la cual el Notario deberá estar presente para atestiguarlo y en consecuencia pueda describirlo en un acta notarial que al efecto se levante. Dicha acta de fe de hechos tiene un valor probatorio pleno, lo cual significa que cuenta con la calidad de documento público como si fuera expedido por una autoridad del Estado, dicha diligencia usualmente se utiliza para acreditar toda clase de hechos que deban comprobarse para posteriormente hacerlos valer en todo tipo de juicios, trámites y procedimientos de cualquier índole, ante cualquier Autoridad o incluso simplemente como una constancia de lo ocurrido para así evitar todo tipo de complicaciones futuras. Una Fe de Hechos se practica generalmente para notificar requerimientos de pago (interpelaciones), notificaciones por derechos del tanto, notificaciones por derechos de preferencia y/o cualquier otro hecho que se pretenda notificar como, por ejemplo, el incumplimiento de una obligación contractual. Por último, te comparto algunos de los requisitos ordinarios para realizar una Fe de Hechos:

Dr. Efrén Vázquez Esquivel Las asignaturas transversales de carácter formativo de más larga tradición en la enseñanza del derecho en México son: la Filosofía del derecho, la Sociología y la Economía política. De la primera me ocupé en una de las secciones anteriores; ahora, en esta y la que sigue, haré lo mismo con la Sociología, en específico con la Sociología jurídica, para después analizar la asignatura de Economía política.   Para comenzar debo decir que en México la Filosofía del derecho y la Sociología tienen en el filósofo cristiano Antonio Caso Andrade, 1883-1946, a su primer impulsor y promotor. Ello como profesor que fue de estas asignaturas desde la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en fecha 22 de septiembre de 1910; es decir, dos meses antes de que iniciara la Revolución Mexicana en cabezada por Francisco I. Madero. El campo de la Sociología no era de su principal interés; no obstante, en el año de 1927 publicó Sociología genética y sistemática, obra que a decir de sus seguidores nunca dio por terminada. Sin embargo, su influencia en la enseñanza de la Sociología fue decisiva hasta después de su muerte, ya que durante los años de la década de los 60´s del siglo XX dicha asignatura aparece en diversas mayas curriculares de diferentes carreras que se imparten en la UNAM. Pero hay algo más que quisiera dejar claro: en México la Sociología enfocada específicamente al estudio de los fenómenos jurídicos, lo mismo que la enseñanza de esta rama de la Sociología, a saber: la Sociología jurídica, conocida también como Sociología del derecho, aparece hasta la década de los 80’s del siglo pasado. En cuanto al enfoque sociológico de la obra de Antonio Caso es, como lo sugiere el título de la citada obra, genealógico y sistematizador: muestra una visión global de la acción social de los pueblos a través de la historia: Culturas, costumbres, creencias, mitos, etc., no se trata de una obra enfocada concretamente a los fenómenos jurídicos.   En efecto, la sociología jurídica tarda en aparecer en México. Ello como consecuencia de que es hasta los años de la década de los 70’s cuando aparecen las primeras obras sociológicas de especialistas. Los que de inmediato recuerdo son a Roger Bertra con Estructura agraria y clases sociales en México, publicada en 1974, y a Raúl Bajar Navarro con su obra Cultura nacional, cultura popular y extensión universitaria, publicada en 1979.   La atención puesta específicamente a la investigación y enseñanza de la Sociología jurídica en México aparece hasta los primeros años de la década de 1980 con la publicación, en 1984, de la obra Los conflictos sociales y la administración de la justicia en México, del jurista y sociólogo alemán y profesor de la Universidad de Bremer,  Volkmar Gasear.   Cabe referir que la mencionada obra de Gessner se conoció en lengua alemana desde 1974, ya que cuatro años antes, durante 1969 y 1960, con el apoyo de Héctor Fix-Zamudio realizó en diferentes partes de México el trabajo empírico. No obstante, no fue sino hasta 1983 cuando aparece una primera publicación en español de esta obra. Esto es lo que nos dice el autor citado en la introducción a la edición mexicana. Probablemente se trató de una edición reducida, porque no es sino hasta el año de 1984 en el Primer Encuentro Internacional de Teoría Jurídica Contemporánea, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Crítica Jurídica, A. C., cuando Los conflictos sociales y la administración de la justicia en México aparece publicada por la UNAM como primera edición, haciéndosele en ese evento académico una presentación. No sé a ciencia cierta a quien se le puede considerar como fundador de la Sociología jurídica en México, podría ser Lucio Mendieta y Núñez con su obra El derecho precolonial, publicada en 1937, no sé en verdad; pero lo que sí me consta, porque por muchos años participé como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales en los que participaron prominentes integrantes del movimiento crítico del derecho de diferentes países, es que, sin duda Gessner influyó de manera muy considerable en algunos juristas mexicanos para incursionar en el campo de la Sociología jurídica, entre otros Óscar y Florencia Correas Vázquez y Héctor Fix-Fierro. Los cuatro lamentablemente han fallecido y los recuerdo con gran aprecio y respeto. Después de Volkmar Gessner fue el “Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati”, España, institución fundada el año de 1988 dedicada a la investigación de la sociología jurídica y a la formación de sociólogos del derecho, del cual Gessner fue Director Científico a principio del nuevo milenio, el que en mucho ha contribuido a impulsar la sociología jurídica en México y los demás países latinoamericanos.   Pues bien, consideré conveniente antes de analizar en las mallas curriculares el enfoque que se otorga a la asignatura que aquí me ocupa, ahondar un poco en sus antecedentes con el propósito de ver más adelante cómo los fenómenos sociales, de manera específica los de naturaleza jurídica, influyen sobre el derecho, y cómo el derecho influye o puede influir sobre los diversos fenómenos sociales.  Por último, por ahora, en la maya curricular de la licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León aparece en el Área curricular de formación inicial de introducción a la profesión la asignatura Tópicos selectos de sociología; en el anterior plan de estudios era Sociología jurídica.   

Dr. Efrén Vázquez Esquivel Daré por terminada esta sección sobre la necesidad de la enseñanza de la Historia del derecho positivo mexicano, por considerar que esta disciplina, concebida desde la perspectiva del historicismo crítico, ayudará a comprender a los estudiantes de derecho y futuros abogados, jueces, fiscales, y en sí, a todos los profesionales del derecho, que no hay progreso en la vida social de un pueblo sin rupturas. Nada es sin historia, y ni en la historia de una nación, ni en la historia de una persona, solo hay continuidad. En todo, la continuidad es temporal. Lo que significa: 1) que no hay continuidad sin rupturas, y 2) que una ruptura (la que en algunos casos pudiera ser también una crisis) es siempre posibilidad de progreso o crecimiento espiritual; y a contrario sensu, una continuidad demasiado prolongada, o sin ruptura, como es el caso del Poder Judicial y la Corte de justicia a lo que más adelante me referiré, es siempre un signo de estancamiento o retroceso. Ni siquiera en el pensamiento científico, que es el más riguroso, hay continuidad; de ahí que en la historia de la ciencia el progreso se mide por la aparición de rupturas. Aunque, a decir verdad, el debate sobre el progreso y desarrollo de la ciencia es reciente; apenas aparece en la segunda mitad del siglo XX[1]. Antes se creía que el progreso de la ciencia se producía por medio de acumulación de conocimientos, no de rupturas. Pues bien, visto lo anterior, ahora, para demostrar la importancia de la inclusión de la asignatura Historia del derecho positivo mexicano en la malla curricular de la licenciatura en derecho, quisiera mostrar y analizar un significativo hecho histórico de la historia de la Independencia de México que definió el modelo de juez que hoy tenemos y, en sí, determinó el modelo de poder judicial y el modelo de alto tribunal de la nación que todavía tenemos. Este hecho histórico es: la continuidad de ciertos elementos fundamentales en la construcción del aparato judicial mexicano[2]. Entre otros: 1) la continuidad de los mismos funcionarios del aparato judicial de la Colonia en el México independiente, por supuesto, el gobierno era otro, México no era ya una Colonia sino un Estado soberano más en la comunidad internacional; con ciertos cambios de carácter formal que en otro momento podré dilucidar; 2) la continuidad del aparato judicial, con cambios de nomenclatura; y la continuidad también de la misma cultura jurídica[3]. Así que, quiérase o no, la Corte de Justicia que tenemos, y en sí todo el Poder Judicial, es el mismo con el que nació México con la Constitución de 1824, es decir, el de la Colonia. Por supuesto que los jueces, magistrados y ministros se tienen que morir; pero no los atavismos históricos y el imaginario colectivo propio de los impartidores de justicia que los constituyen como tales, todo esto se ha transmitido de generación en generación. Incluso, también se ha transmitido de generación en generación la cultura del machote, por medio de la cual se aprende a ser juez en los tribunales, no en la universidad, ni en una escuela de altos estudios especializada en la judicatura que no dependa del Poder Judicial. Lo más lamentable de esta situación es que nadie de la Academia hemos ido al encuentro de esa larga tradición que alimenta a los integrantes del Poder Judicial, para renovarla por medio de la crítica jurídica. Ahora bien, para derrumbar atavismos históricos sobre la autoridad, la ley, el orden y la justicia,  sembrados en todo lo largo de la historia jurídico-política de México, concibiéndose las instituciones mencionadas en un fundamento místico de las dediciones judiciales, atavismos, valores y disvalores que transmitidos a los estudiantes de derecho por medio de una enseñanza tradicional y memorística se logran internalizar en la conciencia de los futuros operadores jurídicos, constituyéndose en el sustrato que orienta sus actividades profesionales. es necesario, como lo he venido diciendo, que la «Historia del derecho positivo mexicano» sea concebida como una de las más importantes asignaturas de carácter transversal y formativo, tanto en la malla curricular de la licenciatura en derecho como en los estudios de posgrado. Pero tal vez no sea propósito del poder político derrumbar atavismos históricos, ya que de una o de otra manera y sin distinción de banderas estos han servido a todos los gobiernos. Si así fuere, la academia del ámbito jurídico no debe ser comparsa de intereses políticos, sino por el contrario, su tarea es producir nuevo conocimiento para mejorar la calidad de la procuración e impartición de justicia. Y no hay ningún objeto social de conocimiento susceptible de cambio si no se conoce su historia. Si los que construyeron este país pensaron desde el momento en que se logró la independencia de México en crear una cultura jurídica propia, El Sala mexicano –tratado de derecho en el que se abordaba el nuevo derecho positivo mexicano y parte del español–, proyecto que finalmente no tuvo éxito, dada la situación de la época, por qué nosotros hoy, con muchas mejores posibilidades no intentamos transformar la enseñanza del derecho para producir mejores jueces, abogados, fiscales, etc. Y para efectuar esa empresa se requiere, indefectiblemente, conocer nuestra historia del derecho, hoy en un completo olvido. [1] Véase a Kuhn, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, publicado en 1862, F.C.E. Véase también a Alexandre Koyre, Estudios galileanos, Siglo XXI, publicado en 1982. [2] Con la expresión aparato judicial me refiero a los órganos jurídicos de aplicación del derecho, juzgados, tribunales, etc.  [3] Véase a Georgina López González, en “Jueces y magistrados del siglo XIX: continuidad jurídico-institucional en México”,  https://journals.openedition.org/nuevomundo/62666?fbclid=IwAR2HCtsphPP2QnngPXu4CW85OnvBW6Ue3L2XQI0Pk13urzHlff-L0jbLLPw&lang=es

Dr. Efrén Vázquez Para derrumbar atavismos históricos sobre la autoridad, la ley, el orden y la justicia, por ejemplo, concibiéndose en estas instituciones un fundamento místico, y los cuales transmitidos a los estudiantes de derecho por medio de una enseñanza tradicional y memorística logran internalizarse en la conciencia de los operadores jurídicos, constituyéndose en el sustrato que orienta sus actividades profesionales, es necesario, como lo he venido diciendo, que la «Historia del derecho positivo mexicano» sea concebida como una de las más importantes asignaturas de carácter transversal y formativo, tanto en la malla curricular de la licenciatura en derecho como en los estudios de posgrado. En el caso de los egresados de la licenciatura en derecho que acceden a los órganos jurídicos de aplicación del derecho, por lo general desde que cursan los primeros semestres de la carrera de derecho, ya que la mayoría son familiares de los funcionarios judiciales, son, irremediablemente, presas fáciles de los atavismos históricos antes referidos, los cuales los llevan a adquirir e internalizar ciertos tipos de comportamiento que hacen pervivir, de manera particular, ideas y formas de vida sobre la autoridad y función jurisdiccional propias de la época de la Colonia y del siglo XIX, entre las cuales destaca, la idea de la plenitud del derecho y la fundamentación mística de la autoridad, que, a decir verdad, no son estas ideas privativas de México.    En cuanto a la exigencia de una fundamentación mística de la autoridad, veamos en qué problema mete a los juristas este monumental y petrificado atavismo histórico, por no querer admitir la mayoría de los estudiosos del derecho que también se dedican a la enseñanza del derecho, precisamente por el peso de los atavismos históricos, que, como dice Hans Kelsen en la parte de la dinámica jurídica de su Teoría pura del derecho: que hay «hechos» constitutivos de derecho. Veamos brevemente el problema sobre el fundamento de validez de un orden normativo, poniendo como ejemplo el surgimiento del derecho positivo mexicano, el cual se deriva de la primera Constitución de México, promulgada el 4 de octubre de 1824, tres años después de haberse consumado la independencia en fecha 27 de septiembre de 1821. El motivo por el cual tuvo que pasar todo este tiempo para que México tuviera su primera Constitución fue, a decir de Fray Servando Teresa de Mier, para no consolidar el imperio de Agustín Cosme Damián de Iturbide, no obstante que por razones políticas, obviamente, los diputados constituyentes de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se vieron obligados a aprobaron el primer Imperio de México, el de Agustín de Iturbide, quien fue fusilado tres meses antes de la promulgación de la Constitución, es decir, el 19 de julio de 1824. Pues bien, de acuerdo con Kelsen el fundamento de validez un orden normativo, en lo que no hay oposición de la comunidad jurídica, es una norma fundante básica, la cual recibe el nombre de Constitución; de ahí que lo que funda una multiplicidad de normas de derecho positivo es la Constitución. Lo que significa que la validez de una norma no depende de la verificación de un hecho empírico, sino más bien de la verificación de que dicha norma pertenece a un sistema de normas que encuentran su validez en la nombrada norma fundante básica. Dice Kelsen al respecto: “De que algo sea, no puede seguirse que algo deba ser; así como, de que algo sea debido, no puede seguirse, que algo sea. El fundamento de validez de una norma sólo puede encontrarse en la validez de otra norma. La norma que representa el fundamento de validez de otra norma es caracterizada, metafóricamente, como una norma superior en relación con una inferior”[1] Siendo así ¿entonces dónde encuentra el fundamento de validez jurídica el orden jurídico mexicano? Si se preguntara por el fundamento de validez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, con certeza se respondería que en la Constitución Política de la República Mexicana promulgada el 5 de febrero de 1857; y la Constitución de 1857 se diría que se fundamenta en la Constitución centralista de 1836, y esta encontraría su fundamentación en la primera Constitución de México, es decir en la de 1824. Y aquí es donde está el problema, pues ¿en qué se fundamentaría la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824? Los juristas de hoy de tendencia iusnaturalista, lo mismo que algunos de los que fueron diputados constituyentes de esa Constitución, dirán que en el derecho natural, es decir, en una idea absolutamente mística que se aleja de la realidad; o bien, tal vez responderían que en la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812; pero es el caso de que la Constitución de Cádiz funda y da sentido y coherencia el orden jurídico español de aquellos años, y para ese entonces, después de 11 años de derramamientos de sangre, México ya no es parte de España, es una República representativa popular federal, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución de 1824. Luego, entonces, la primera Constitución de México no puede fundar su validez en la Constitución española de 1812; a no ser que se recurra a la mística iusnaturalista, en cuyo supuesto es posible fundar todo cuanto sea útil al poder político, que fue precisamente a lo que recurrieron los constituyentes de 1824. En este supuesto, si es posible encontrar el fundamento de validez de la Constitución de México; pero si se opta por la corriente del historicismo crítico, vinculado al pensamiento crítico del derecho, para lo cual en este caso se recurriría a Kelsen, el fundamento de validez de la Constitución de 1834 se encuentra en los hechos constitutivos de derecho, los cuales, dicho sea de paso, son parte de la historia del derecho positivo mexicano. En efecto, de acuerdo con Kelsen, desde la perspectiva de la «estática jurídica» una cosa es el derecho creado conforme al orden jurídico regido por una norma fundante básica, es decir, por la

Renata González El artículo 279 del Código Civil para el Estado de Nuevo León (en lo sucesivo “CCNL”) establece que tiene derecho a una pensión compensatoria el ex cónyuge que durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos; hasta que esta le permita vivir dignamente, pero en ningún caso puede exceder del tiempo que duró el matrimonio. Por su parte, el artículo 288 del CCNL, determina que la persona que haya contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y/o cuidado de los hijos y por esa razón no haya adquirido bienes propios o los que tenga no alcancen el valor de los bienes obtenidos por su ex cónyuge; tiene derecho a una compensación patrimonial por un monto de hasta el 50% del valor de los bienes del ex cónyuge que si haya adquirido durante el matrimonio. Ambas figuras tienen como finalidad proteger al cónyuge que durante su matrimonio vio la pérdida de oportunidades al dedicarse al hogar y así resarcir el desequilibrio económico en el que quedó una vez disuelto el vínculo matrimonial. Su reclamación podrá realizarse en la vía incidental y prescribirán al segundo año en que causó ejecutoria la sentencia de divorcio.