juzgadores

Leonardo Baker El Estado, como máximo garante de justicia y eficacia de las instituciones que lo componen, ha de contar con la maquinaria necesaria para cumplir con lo suyo, que, bajo el esquema del Estado Democrático Moderno, lo es el resguardo de las garantías y derechos individuales y limitar el poder. Por lo que un Poder Judicial efectivo, con funciones y facultades definidas y claras, es elemental para contar y conservar un estado de derecho. En México, el Poder Judicial de la Federación encara dos funciones-facultades primordiales, la de justicia constitucional (o jurisdicción constitucional) y la jurisdicción ordinaria federal.  La función de jurisdicción constitucional permite a la autoridad conocer y resolver los conflictos que impliquen una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, o que se vea afectada alguna disposición de la Constitución misma. Para ello, se cuentan con mecanismos, tales como el amparo, las controversias constitucionales, o las acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado, la función ordinaria federal, busca conocer y resolver controversias de índole no necesariamente constitucional, en cuanto a la aplicación de leyes federales en un caso concreto, es decir, atendiendo al ámbito de aplicación de la ley. Por ejemplo, en procedimientos civiles, penales, administrativos, mercantiles que impliquen a la Federación. Dicha distinción es importante para poder ubicarnos en el ámbito competencial de la autoridad y claro, saber con cuál acudir debidamente para buscar justicia. Ahora bien, sin embargo, no a todos los jueces federales les competen ambas funciones, y es que se busca que, en caso de promover algún recurso, una autoridad en instancia superior “revise” el trabajo efectuado por la autoridad impugnada. Así, se logre un efectivo y supervisado manejo de la justicia.