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Leonardo Rafael Baker Olvera Una preocupante noticia azotó la primera plana de las grandes cadenas noticiosas del país y del mundo la semana pasada. Títulos como: “El narco es el quinto empleador de México” de El País; “Narco: el quinto empleador de México” de Aristegui Noticias, “El Narcotráfico es el quinto generador de empleos en México, revela estudio publicado en “Science”” de Proceso, entre otros, llenaban de pavor y preocupación los estupefactos ojos y mentes de quienes la leían y realmente entendían la gravedad de este asunto. Iluso sería creer que estos jóvenes no saben los distintos peligros a que se exponen al trabajar con y para el crimen organizado; desde constante violencia hasta una brutal muerte. Ahora bien, que quede claro, este puesto de dudoso honor no es normal, no es racional, no es natural y mucho menos digno de reconocimiento; invita a preguntarnos: ¿qué tanto atrae realmente la “narcocultura” la atención de los jóvenes mexicanos en busca de trabajo?, o, reformulando la pregunta a otras circunstancias, ¿acaso el sistema laboral mexicano es tan deplorable que lleva a la juventud mexicana a formar parte de las redes del crimen organizado?, ¿qué acciones políticas o jurídicas se pueden tomar para atender este asunto lo más rápido posible antes que siga creciendo? En este punto, los y las invito, estimados lectores que se dediquen (o no) al derecho, a reflexionar sobre esta situación; entre los profesionistas del derecho, de cualquier área, hay una carga de deber social. Por tanto, no seamos ajenos a esta situación, más bien, busquemos la manera en que los instrumentos jurídicos, de cualquier materia (penal, laboral, o cualquier otra), pueden ponerse en práctica o implementarse para atender este fenómeno. Esta “narcobolsa” de trabajo pareciera que no dice más que un dato de una lista pero dice mucho; de nuestra sociedad, de la situación laboral del país. No dejemos que esta cultura tan trabajadora, este amor al terruño, propia de los mexicanos y mexicanas, sea consumida por el “narcoempleo”.

Lic. Jesús Jonguitud Alfaro             El agua es un recurso natural al que todos debemos tener acceso, incluso de manera gratuita, por ser vital para la vida, por ello, es un derecho humano universal. Este principio y el innegable cambio climático en el mundo, son aspectos a considerarse en todas las leyes y acciones de gobierno relacionadas con el cuidado y uso racional de tan preciado líquido.             Tribunales de Europa, como el caso del Tribunal Constitucional de Alemania, han emitido recientemente sentencias con perspectiva de cambio climático y sus efectos, a favor del medio ambiente y de las futuras generaciones. Es hora de reflexionar sobre esto.             La experiencia que estamos viviendo en Nuevo León ante la escasez de agua nos debe llevar de la reflexión a los hechos, a que como comunidad aprendamos a convivir bajo principios de respeto al cuidado y uso racional del agua.             Cuando se presenta algo así es común que permee la idea o tendencia de hacer cultura para el cuidado del agua a través de propuestas para aumentar el costo del servicio de agua potable; es decir, si a la gente le duele el bolsillo aprenderá a cuidar el agua. Esto es un eslógan del mercantilismo del agua y por supuesto no sería un criterio adecuado para fomentar la cultura que se pretende.             Procurar el cuidado del agua se ha convertido en prioridad para Nuevo León. Pensamos que se debe fomentar a través de todo un sistema institucional que incluya -por ejemplo- la participación del sector educativo mediante la enseñanza sobre la importancia y cuidado del agua desde la niñez, entre otros. Hacer cultura no es tarea fácil.             El Congreso de Nuevo León tiene ante sí un reto, legislar sobre el fomento a una cultura del cuidado responsable del agua, es de alta relevancia. Actualmente se encuentra en estudio una iniciativa de ley sobre este importante tema, en hora buena. Pero es importante no olvidar que tienen en sus manos proteger un derecho humano vital para la vida, y tomar en cuenta los estudios científicos que demuestran los desvastadores efectos del cambio climático en el planeta.

Lilian Dueñez “Si no podemos ver un problema, no podremos solucionarlo” –Kimberlé Crenshaw La interseccionalidad de género es una herramienta analítica que nos permite reconocer cuando existe una doble o triple discriminación hacia una persona que sufre desigualdades sistemáticas las cuales se configuran a partir de diferentes factores sociales, ya sea por su sexo, raza, clase social, género, etnia entre otros. Por lo tanto, la interseccionalidad feminista significa el punto de encuentro de los problemas de raza y sexo que sufren las mujeres. El caso que dio inicio a este concepto fue el de Emma DeGraffenreid, quien era una mujer Afroamericana, esposa, trabajadora y madre, quien presentó una demanda por discriminación de raza y género en contra de una empresa de manufactura de autos, ya que al aplicar para el trabajo no fue contratada, por lo que ella consideró que no fue contratada por el hecho de ser una mujer afroamericana. No obstante, el juez desechó la demanda de Emma, argumentando que dicha empresa si contrataba afroamericanos, así como mujeres, sin embargo, el verdadero problema que el juez no podía observar, ni reconocer era que lo que Emma trataba de acreditar era que para trabajos industriales y/o trabajos de mantenimiento la mayoría o todos eran hombres afroamericanos, mientras que a las mujeres las contrataban regularmente para trabajos de secretarias y/o recepcionistas y que las mismas eran mujeres blancas.  Si el juez se hubiera dado cuenta de cómo estos dos aspectos se juntaban, probablemente se hubiera percatado de la doble discriminación que Emma estaba enfrentando, sin embargo, el juez se negó a permitir que se pusieran dos causas en una acción, ya que este sostuvo que al permitir lo anterior, ella tendría una doble ventaja y estaría por encima de los hombres afroamericanos y las mujeres blancas.Lo cual, a consideración de Emma, eso no era cierto, toda vez que estos últimos no sufrían este tipo de discriminación.             Por lo anterior, expertos en comunicación mencionan que cuando los hechos no encajan con los marcos disponibles, las personas tienen dificultades para incorporar nuevos hechos en su forma de pensar sobre un problema, de tal manera que cuando existen o nos encontramos con este tipo de casos, ningún caso anterior se nos viene a la mente ni somos capaces de identificarlos, ya que no contamos con marcos de referencia para notarlos o hacer que se hable de este gran problema de discriminación.             De tal manera que el termino interseccionalidad se comenzó a usar por la feminista Kimberle Crenshaw para confrontar el hecho de que muchos de nuestros problemas de justicia social como el racismo y el sexismo a menudo se solapan, creando como consecuencia múltiples niveles de discriminación e injusticia social. IMPUNIDAD DE FEMINICIDOS EN MÉXICO Marisela Escobedo fue una activista y miembro de la organización Justicia para Nuestras Hijas, al desaparecer su hija en el año 2008 y encontrar sus restos un año después, quien se dio a la tarea de investigar el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Se dice que Marisela Escobedo tuvo tres muertes: Primera muerte: Año 2009, encuentra los restos de su hija por el feminicidio en manos del novio de su hija Sergio Barraza. Segunda muerte: Tres jueces absuelven al feminicida de su hija, quien a pesar de confesar su crimen fue liberado por una “duda razonable”. Tercera muerte: su propia muerte pues el 16 de diciembre de 2010 mientras se encontraba en una protesta pacífica exigiendo justicia para su hija, afuera de las oficinas del gobernador de Chihuahua, un grupo de hombres armados llego al lugar y le disparo en la cabeza. En el año 2012, el gobernador Cesar Duarte, quien actualmente se encuentra preso en EUA, anuncio que fuerzas estatales habían arrestado al hombre que mató a Marisela en 2010, en su confesión el supuesto asesino dijo que lo había hecho por órdenes del crimen organizado, por lo que se especuló que detrás del homicidio estuvo el feminicida Sergio Barraza, sin embargo, la familia de Marisela negó que fuera el verdadero asesino, puesto que un miembro de la familia estuvo presente al momento del asesinato. En este caso la justicia no estuvo del lado de la víctima y debido a la presión ciudadana contra este indignante hecho, se dio por terminado el juicio político, motivado por un acuerdo en el que los tres jueces simplemente renunciaban a sus plazas definitivamente, lo que llevó al Poder Legislativo a dejar sin materia el proceso de juicio político. Terminado todo con impunidad para Rubí Marisol, el asesinato de Marisela Escobedo y la ejecución de Sergio Barraza “el asesino confeso” en un enfrentamiento con el ejército, el 16 de noviembre de 2012. El homicidio de Marisela Escobedo se registró un año después de que la “Corte Interamericana de Derechos Humanos” sentenciara al Estado Mexicano por no prevenir e investigar debidamente la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, según un reporte publicado en el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C. y Asociadas por lo Justo. Es así que más de la mitad de las mujeres han experimentado al menos una situación de discriminación por su género, cuatro de cada 10 mujeres consideran que sus derechos se respetan poco o nada, mientras que tres de cada 10 mujeres se sienten inseguras por el aumento de violencia y delincuencia dirigida a su género. En conclusión, es necesario que cada uno de los casos que se conozcan, causen gran impacto en las personas ya que es un problema masivo y de suma importancia, así como concientizar a cada lector que un feminicidio no es solo un homicidio, lo anterior, para que se busque proteger la vida e integridad de las mujeres, que los feminicidios disminuyan y eventualmente desaparezcan.