Leonardo Rafael Baker Olvera
Una preocupante noticia azotó la primera plana de las grandes cadenas noticiosas del país y del mundo la semana pasada. Títulos como: “El narco es el quinto empleador de México” de El País; “Narco: el quinto empleador de México” de Aristegui Noticias, “El Narcotráfico es el quinto generador de empleos en México, revela estudio publicado en “Science”” de Proceso, entre otros, llenaban de pavor y preocupación los estupefactos ojos y mentes de quienes la leían y realmente entendían la gravedad de este asunto.
Iluso sería creer que estos jóvenes no saben los distintos peligros a que se exponen al trabajar con y para el crimen organizado; desde constante violencia hasta una brutal muerte. Ahora bien, que quede claro, este puesto de dudoso honor no es normal, no es racional, no es natural y mucho menos digno de reconocimiento; invita a preguntarnos: ¿qué tanto atrae realmente la “narcocultura” la atención de los jóvenes mexicanos en busca de trabajo?, o, reformulando la pregunta a otras circunstancias, ¿acaso el sistema laboral mexicano es tan deplorable que lleva a la juventud mexicana a formar parte de las redes del crimen organizado?, ¿qué acciones políticas o jurídicas se pueden tomar para atender este asunto lo más rápido posible antes que siga creciendo?
En este punto, los y las invito, estimados lectores que se dediquen (o no) al derecho, a reflexionar sobre esta situación; entre los profesionistas del derecho, de cualquier área, hay una carga de deber social. Por tanto, no seamos ajenos a esta situación, más bien, busquemos la manera en que los instrumentos jurídicos, de cualquier materia (penal, laboral, o cualquier otra), pueden ponerse en práctica o implementarse para atender este fenómeno. Esta “narcobolsa” de trabajo pareciera que no dice más que un dato de una lista pero dice mucho; de nuestra sociedad, de la situación laboral del país. No dejemos que esta cultura tan trabajadora, este amor al terruño, propia de los mexicanos y mexicanas, sea consumida por el “narcoempleo”.