Dr. Efrén Vázquez Esquivel
Inicio hoy el abordaje en un nuevo tema de reflexión que espero me conduzca a encontrar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Bajo qué directrices de política educativa sería posible poder llegar a concebir y hacer nacer en el país una educación jurídica interdisciplinaria de un alto contenido científico y ético, indispensable para proporcionar a los educandos y futuros profesionales del derecho una sólida «formación» jurídica integral y humanista?
¿Cuáles deben ser los contenidos de la maya curricular de la carrera de Derecho (es decir, el total de las asignaturas o materias que se tiene que estudiar durante toda la carrera de licenciado en Derecho), y cuáles las prácticas de laboratorio que tendrían que realizar los estudiantes durante sus estudios formales, para poder configurar un nuevo perfil profesional del derecho en cada una de las diferentes profesiones jurídicas, perfil que impulse el compromiso con el valor de la democracia y el entorno social?
Las respuestas a estas dos preguntas, aunque pudieran ser las mejores, carecen de importancia para la transformación de la educación jurídica en México, formal e informal y, por ende, la transformación del perfil del profesional del Derecho en cualquiera de las profesiones jurídicas, si no son el resultado de un debate entre los educadores que se dedican a la enseñanza del derecho y los demandantes de servicios profesionales del área jurídica del sector privado y público.
En el sector privado, me refiero específicamente a los empresarios de la banca, la industria y el comercio, etc. (no a los particulares que, aunque son la mayoría, carecen de representatividad en la toma de decisiones en materia de cualificación de los servicios profesionales), empresarios que, desde su cosmovisión, en el más amplio sentido del término, demandan de la universidad pública y privada determinados perfiles de profesionales del derecho, y no solo abogados, sino asesores jurídicos de empresa, corporativistas, mediadores, etc.
Y en cuanto al sector público, de los tres niveles de gobierno se demandan también diferentes perfiles de profesionales del derecho; entre otros, para el ejercicio de la judicatura, es decir, para impartir justicia, para en el ejercicio de la procuración de justicia, para la asesoría en la función legislativa, para el área de la administración pública.
Ahora bien, para apuntalar todo lo antes dicho y con el propósito de contribuir en la tarea de mejorar la enseñanza del derecho, quisiera decir que no es posible contar con una educación jurídica interdisciplinaria de un alto contenido científico y ético si, entre otras variables, no hay progreso y desarrollo de la ciencia jurídica; y es el caso que el progreso y desarrollo de la ciencia jurídica, de todas las ciencias, no solo de la jurídica, tiene como motor impulsor la demanda de conocimientos por parte de la sociedad y la oferta de conocimientos por parte de la comunidad científica; esto es así porque, la educación jurídica y el desarrollo y progreso de la ciencia jurídica es algo que también está determinado por las leyes del mercado, es decir, por la oferta y la demanda.
Lo anterior significa que si carecemos de una educación jurídica interdisciplinaria de un alto contenido científico y ético, indispensable para el crecimiento humano y, con este, el crecimiento del índice de estado de derecho y calidad de vida de los gobernados, es porque, entre otros factores, por el lado de la oferta científica-jurídica y educativa del Derecho no hemos convencido de la necesidad de que, reducir la enseñanza del derecho a una mera técnica, apartándola de la ciencia y filosofía jurídicas (en esta última es donde se piensa el derecho) tiene como significado el camino perfecto para fortalecer la decadencia y envilecimiento del hombre (me refiero al hombre como especie, no como género), meta a la que aceleradamente nos acercamos.
Por supuesto, los que nos dedicamos a la enseñanza e investigación jurídica también somos parte del problema, por tanto también tenemos que ser parte de la solución. Pero, la mayor parte del problema es el estado, de manera particular el de la época posrevolucionaria, entre otras razones por no prestar la debida atención a la educación superior; no fue sino hasta el 29 de diciembre del año de 1970 cuando se fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y es apenas en la década de los años 70 del siglo pasado cuando comienza a ponerse mayor atención a la educación superior; antes, cuando se hablaba de educación en México, por común entendimiento se sabía que se trataba de la educación básica.
Es en esta década cuando crece el número de las universidades públicas en México y comienza a crecer también las universidades privadas, el modelo educativo de ese entonces en los niveles medio y superior, a lado de las matemáticas, prioriza la enseñanza de la historia y la metodología científica; aparece también desde el principio de dicha década la legislación en materia de educación superior y los programas profesionalizantes de maestría; además. en todo el país se difunde la idea de los fines de la universidad como institución de cultura superior, estos son:
Preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual tiene como misión “organizar, realizar y fomentar la investigación científica en sus formas básica y aplicada, teniendo en cuenta fundamentalmente las condiciones y los problemas regionales y nacionales”; y entre otras de sus obligaciones, “hacer participar plenamente de los beneficios de la cultura, a todos los que han carecido de la oportunidad de obtenerla o de acrecentarla, llevando a cabo labores educativas o culturales en beneficio de la Comunidad”.
Para finalizar, solo me resta decir que en lo que respecta a las universidades públicas no ha habido ningún debate entre los agentes demandantes de servicios profesionales y los educadores sobre el perfil profesional del Derecho idóneo para lograr el crecimiento espiritual de los operadores jurídicos. Por supuesto, sí hay buena relación de las universidades con el sector empresarial, estas necesitan saber qué tipo de conocimientos demandan los empresarios, y de una o de otra manera las escuelas de Derecho orientan sus planes de estudio a las necesidades regionales y del país, con base a lo que se sabe, poco o mucho, de las necesidades que demanda el sector privado y público; pero, también es cierto que, por el lado de los agentes jurídicos que nos dedicamos a la investigación y enseñanza del derecho, no hay oferta que supere la las actuales mayas curriculares.